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Abren proceso por despojo al alcalde de Jimenez Marcos Chavez de Nueva Alianza y varios miembros de su gabinete
CIUDAD JIMENEZ.- El alcalde Marcos Chavez Torres de Nueva Alianza y varios miembros de su gabinete podrian dejar sus cargos en breve.
El edil y media docena de colaboradores del ayuntamiento enfrentan proceso penal por despojo de terreno.
nculan a proceso penal al alcalde de Ciudad Jiménez y varios funcionarios de su gabinete que además eran integrantes del comité de obras sobre quienes pesa una denuncia de despojo de un terreno sobre el cual se construyó un desagüe aplicando recursos municipales por casi 800 mil pesos.
La juez penal de Control atendió la causa penal 131/2022 por despojocontra Marcos Chavez,Rogelio Amparan Martínez, Miriam Mireya Córdoba, María Guadalupe García Macías, Mary Cruz Villareal, y Juan Alberto Figueroa Alfaro.
Los hechos habrían ocurrido en el año 2019 cuando los acusados eran integrantes del Comité de Obra del municipio y ordenaron la construcción de un dren de desagüe pluvial en un predio privado.
La propietaria no autorizó la construcción de la obra en su terreno y procedió a levantar la demanda.
Una empresa denominada TRAK SA DE CV fue quien realizó a través de una adjudicación directa la construcción en donde se estima el municipio invirtió unos $785,000 pesos.
La juez penal de Control atendió la causa penal 131/2022 por despojocontra Marcos Chavez,Rogelio Amparan Martínez, Miriam Mireya Córdoba, María Guadalupe García Macías, Mary Cruz Villareal, y Juan Alberto Figueroa Alfaro.
Los hechos habrían ocurrido en el año 2019 cuando los acusados eran integrantes del Comité de Obra del municipio y ordenaron la construcción de un dren de desagüe pluvial en un predio privado.
La propietaria no autorizó la construcción de la obra en su terreno y procedió a levantar la demanda.
Una empresa denominada TRAK SA DE CV fue quien realizó a través de una adjudicación directa la construcción en donde se estima el municipio invirtió unos $785,000 pesos.
La juez consideró vincularlos debido a que el municipio tenía la obligación de realizar todos los trámites necesarios para no afectar a particulares y violentar los derechos de propiedad.
