Jaime Garcia Chavez

SRIO. DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

 Por la gravedad del asunto que luego le trataré, recurro al género epistolar para comunicarme con usted en su calidad de funcionario público. Dejando de lado lo que pudiera ser un artículo de opinión dirigido a la sociedad de manera extensa, la ocasión me brinda la oportunidad, además, de ejercer el derecho de petición sobre algunos temas de enorme trascendencia relacionados con la deuda pública del estado de Chihuahua.

Me entero que el señor César Horacio Duarte Jáquez presentó ante el Congreso del Estado, el pasado 31 de julio de 2012, iniciativa con carácter de decreto con la finalidad de que dicha institución le autorice endeudar a la entidad en los términos y condiciones que usted conoce por signar dicho instrumento en su calidad de Secretario de Hacienda, al igual que el funcionario titular de la Secretaría General. Por el modesto conocimiento que tengo de la materia, advierto que la mano escritora de la iniciativa, extrañamente, no sigue el estilo que ha predominado al respecto aquí en Chihuahua, pareciera que la redacción se hizo en una agencia informal y luego se valida mediante las firmas y sellos que el asunto amerita, pero eso es lo de menos. Lo esencial, me permito concretarlo en los siguientes puntos:No obstante que se está pidiendo la autorización del Congreso para endeudar al estado de Chihuahua con la cantidad de 2 mil 485 millones de pesos, guarismo significativo si lo contrastamos, por ejemplo, con la deuda real que tiene el estado o el tamaño del presupuesto de la entidad para este ejercicio, la iniciativa carece de la claridad indispensable para acreditar la petición del Ejecutivo. La iniciativa es particularmente opaca, obscura, carente de argumentos y, como lo señalaré en otro punto, contraria a la legislación vigente en el estado para esta materia. Usted es un hombre de negocios y sabe que con los bienes propios rigen normas de derecho privado fincadas en la autonomía de la voluntad que permiten ganar o perder, lesionando exclusivamente, cuando es el caso, el patrimonio individual.

Distinto es el caso cuando no se administra el propio cortijo y se trasciende al ejercicio de los recursos públicos que por definición no pueden tener otra finalidad que la satisfacción de los intereses de la sociedad. Pongo bajo sospecha una iniciativa que se redacta de manera indescifrable para el común de los ciudadanos del estado, con terminologías y giros que no son del uso corriente para que la opinión pública decante propósitos y tenga un juicio. No deja duda que la oscuridad juega en este caso un doble papel: que nadie entienda de qué se trata, o engañar con términos raros, inusuales, para producir el efecto de que siendo tan complejo el tema, sólo puede estar en manos de los grandes iniciados de la finanzas, prácticamente conocedores de una ciencia hermética a la que muy pocos interesados tienen acceso. Eso prodiga corrupción y usted lo sabe.

La iniciativa del Ejecutivo que comento, transgrede, de manera indubitable la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, emitida durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, durante el único gobierno de alternancia habido en Chihuahua. He leído varias veces la iniciativa que pretende endeudarnos más y no encuentro que se satisfagan los requisitos que de manera inequívoca dispone el Artículo 4º del ordenamiento señalado. En primer lugar porque no se estipulan las previsiones en torno a los montos que alcanzará el endeudamiento anual, si se incrementa bajo las pretensiones actuales contenidas en la solicitud que se tramita ante el Congreso del Estado. Menos se observa que “únicamente por causa debidamente justificada, podrá el Estado celebrar operaciones adicionales de endeudamiento, para cumplir compromisos de inversión de carácter extraordinario surgidos con posterioridad a la aprobación de dicha ley”, como lo dispone, insisto, el Artículo cuarto mencionado. ¿Acaso –le pregunto– construir una ciudad judicial de la que se viene hablando hace alrededor de diez años tiene carácter extraordinario? ¿De cuándo acá tener muy buenos edificios para dar asiento a magistrados y jueces ha sido el mejor mecanismo para dignificar la impartición de la justicia? ¿No sería mejor la decisión política y prácticamente gratuita para la sociedad de darle independencia al poder judicial, hoy sumiso, y exigirle un mayor nivel de profesionalización que se impide por la dependencia de dicho poder al Ejecutivo y sus designios, terminando además con su carácter de estamento cerrado, gremial, hereditario, nepótico y económicamente privilegiado? El gobierno que usted representa cree que la obra pública, de consumarse, nos dará un mejor poder judicial; lo dudo, y pienso así porque los grandes legisladores y jueces que ha tenido este país en lo que menos han pensado es en sus palacios. Qué lamentable que ahora, so pretexto de eso, se quiera justificar un endeudamiento. Pero dejemos ese punto.

Apoyándome en el mismo precepto, los iniciadores del decreto están obligados a acompañar la iniciativa de todos los instrumentos para mostrar la situación que guarda la deuda pública y ese aspecto sólo brilla por su ausencia pues no merece la más mínima mención en la iniciativa que usted ha enviado como secretario del ramo del titular del Ejecutivo, ni figura anexo el documento que dé cuenta. Para decirlo más gráficamente, no se ve por ninguna parte una simple corrida financiera de cómo se pagarían el capital y los intereses para ver en blanco y negro de qué se está hablando. Luego entonces, con base en qué los diputados podrán votar la autorización de un empréstito sin siquiera saber cuánto se debe, qué posibilidades de pago tenemos y, lo más difícil de admitir: la enajenación del accionar de generaciones y gobiernos posteriores al actual, privándolos de tener instrumentos financieros de política pública que desde ahora se pretenden sacrificar impune e irresponsablemente. Su iniciativa es una suerte de lugares comunes, de ambigüedades; incluso de denostación de los chihuahuenses, pues llega al atrevimiento de tener por degradados espacios urbanos y socioculturales en los que habitan chihuahuenses que no están ahí por su gusto, sino porque este sistema no les ha brindado las oportunidades de una vida mejor. Le viene bien hablar, porque de eso sí sabe bastante, de plusvalía inmobiliaria y hasta de especulación y ya sabemos lo que eso significa dentro de una administración que toma la obra pública para hacer sus negocios sexenales.

Pretendiendo leer entre líneas y descifrando los jeroglíficos contenidos en la iniciativa (cupones cero, deuda sin riesgo, valor de redención, interés compuesto y otros) entendemos que tendrá que haber una cantidad de millones de pesos que se va a bursatilizar para ir decantando el monto del capital que se pretende en empréstito. ¿De dónde saldrán? No lo sabemos. Pero en la calle, en los medios judiciales, entre los abogados, se habla de que el Poder Judicial, de su Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que maneja al margen de toda ley el Supremo Tribunal, y en particular su presidente, se destinarán 100 millones de pesos, que avanzando el tiempo y los buenos humores que puedan llegar a tener los especuladores bolsistas, irán sorteando el pago del capital.

Lo que sí parece fuera de toda duda es que lo intereses de este nuevo incremento de la deuda correrán a cargo de los chihuahuenses, de los ingresos del estado, sin que hasta ahora hayamos visto se ponga mayor atención en renovar la hacienda pública estatal y tengo para mí que esos intereses, aparte de ser muy onerosos, doblarán al final el tamaño de lo prestado y gravarán severamente la economía del estado.

Y ya que me refiero al fondo que administra de manera opaca el Supremo Tribunal, es tiempo ya de que se acabe con ese hoyo negro, fuente de privilegios y corruptelas, para modernizar la administración hacendaria del estado y reconocer que el órgano hacendario es único en la conformación de un Estado que se precie de actuar en una sociedad avanzada. En otras palabras, que ya nadie tenga su guardadito y lo maneje con la absoluta discrecionalidad, como si viviéramos en una sociedad estamental o feudal.

El tema de los intereses, y particularmente de su garantía, evidentemente que no deja lugar a dudas, el Ejecutivo echa mano de sus participaciones federales (Ramo 28), una vez más; pero también se deja sentir que correrán la misma suerte las aportaciones que el estado recibe de los 8 fondos que conforman el Ramo 33 y que sean susceptibles de otorgarse en garantía. En otras palabras, me queda claro que se estaría contrayendo una deuda para la cual se tienen escasos recursos y que será limitativa de la capacidad de gestión de este mismo gobierno pero sobre todo de los que vengan posteriormente. Es necesario que usted le diga a Chihuahua qué hay a este respecto, que nutra a los diputados de la información suficiente para que no se reduzcan simplemente a levantar sus dedos, como si estuvieran decidiendo sobre su particular hacienda.

 Pero si el endeudamiento que se plantea no obedece a una circunstancia extraordinaria, como la ya señalada para el caso mismo de la ciudad judicial, la iniciativa francamente desbarra en un punto. Me explico: de los 2 mil 485 millones de pesos, 1 mil 020 se destinarían para la edificación del Centro de Justicia Chihuahua, pero el remanente, nada despreciable de 1 mil 465 millones de pesos constituyen una desmesura en su propuesta ya que se destinarían a financiar impuesto al valor agregado, el costo de nuevas inversiones asociadas a proyectos en ejecución o nuevos proyectos, el refinanciamiento de pasivos bancarios y/o bursátiles. Hasta aquí me queda claro que se violentan las ideas más consagradas en materia de ingreso y presupuestación, pues prácticamente se le estaría dando al gobernador un rango de discrecionalidad sustentado en la secrecía y el capricho, y esto es bueno que lo sepan los chihuahuenses y mejor que lo sepa usted porque la rendición de cuentas, al ínfimo nivel en que se encuentra el estado, da materia para fincar responsabilidades y no necesito recordarle cómo andan los funcionarios coahuilenses del reinado de Moreira I.

 No desconozco que el Congreso del Estado, con la hegemonía priísta lacayuna y la muy posible obsequiosidad de no pocos diputados de otras formaciones partidarias, autoricen la iniciativa en el periodo extraordinario convocado ex profeso. Si lo hacen, aparte de estar colocados al margen de sus deberes constitucionales como representantes, lo harán desacatando la ley, ignorando las razones reales que existen en esta pretensión de trabar un empréstito y ocultándole a la ciudadanía el monto real del endeudamiento de Chihuahua. Pareciera ser que la filosofía de este gobierno es hágase hoy lo que sea y que del futuro se apiade el cielo. Estamos en un proceso de “moreirización” que mucho podremos lamentar mañana si se continúa por la senda que se advierte en la iniciativa gubernamental.

 A la vista de todos está la permanente improvisación en el manejo de las finanzas públicas. La iniciativa presentada en julio, tramitada en septiembre, casi a final de año como si el Presupuesto General de Egresos de la federación sobre el que gravita la solicitud hubiera sido del conocimiento de los funcionarios hace unos días sin hacerse cargo del principio de anualidad que rige buena parte de la vida hacendaria en el país y, por lo tanto, sin tomar las prevenciones que los buenos gobiernos asumen para aprovechar las posibilidades institucionales del presupuesto federal. Quizá esto es producto de que el titular del Ejecutivo viaja mucho por toda la república, atendiendo temas electorales o protocolarios que sólo a él le benefician, y no repara lo más mínimo en la redacción sustentada de una iniciativa como la que vengo comentando. Esa improvisación tiene un alto costo para la sociedad.

 Saliéndome un poco del tema, no está demás que lo lea: allá afuera, en la calle, se sabe que la obra pública en Chihuahua es fuente –aparte de enormes molestias– de una gran corrupción que tiene como vértices principales a contratistas y funcionarios, y usted está en medio. Se habla mucho de que vienen leyes anticorrupción a partir de fin de año; lo que quisiéramos saber es cuándo los funcionarios se hacen de un poco de autoconteción para ya no seguir en la arbitrariedad y en la búsqueda de sus propios fines, olvidando y aplastando a los que tienen verdaderas necesidades, paliables con una hacienda racional y vertebrada para el bien público. Le pongo un ejemplo: mientras muchas calles de Chihuahua se siguen inundando cada vez que hay una frugal lluvia, lo que se remediaría con mejoras a drenajes y cauces de aguas, de no alto costo, su jefe se dedica a construirse un millonario balcón, un adefesio de fachada en su oficina y una plaza que se llamará de la grandeza chihuahuense, desentendiéndose que la grandeza de un pueblo está primero en el bienestar de la gente, de la población, de las personas, de los ciudadanos, de los gobernados.

 Para que no sea nada más mi voz la que usted escuche, la calificadora Moody’s, a saber una de las agencias más poderosas para evaluar el desempeño financiero bajo la óptica neoliberal, que es la que prima en su gobierno, no ha tenido reparo para decir en estos días por boca de sus expertos que Chihuahua se perfila para registrar “otro déficit importante en 2012 después del elevado déficit de 12.7% registrado en 2011”, y agregan que “si se materializan estas proyecciones, para el cierre del año, Chihuahua enfrentará un importante incremento en su deuda y mantendrá una muy débil posición financiera”. Según sus cálculos, dicha escala de deuda “se ha incrementado rápidamente y se espera que alcancen niveles por encima de 40% del total de los ingresos para el cierre de 2012, superando el 33.7% registrado en 2011”. Esto que encontré en la página web de la calificadora, señala además que “el estado financia parte de sus déficits financieros con liquidez interna”, que se espera que “persistan las presiones de liquidez en el corto a mediano plazo” y considera que “la falta de recursos internos para protección contra choques imprevistos constituye un factor crediticio negativo y una de las principales debilidades crediticias de Chihuahua”.

 Ustedes no son ningunos escépticos frente a los argumentos de estas agencias y además saben que en las pasadas elecciones realizaron un ejercicio de apalancamiento en numerario en favor del PRI. Para Moody’s esto es un enigma, prefiero citar sus palabras: “Hay una misteriosa correlación de incremento del gasto operativo” por otra parte ya denunciado por organizaciones de la sociedad civil en el propio Congreso. Es previsible que la tendencia negativa continúe a la vista del año electoral local de 2013. Acoto aquí que estos graves problemas ya tampoco podrá resolverlos la federación y que seremos nosotros los que sufriremos las consecuencias de la desorganización estatal en esta materia, desorganización que percibo como un mecanismo de corrupción para engordar los bolsillos de la privilegiada casta gubernamental de estos días.

 Secretario de Hacienda:

 A reserva de volver con mayores elementos sobre el tema, le pido un par de cosas: que retiren la iniciativa mediante la cual pretenden acrecentar una gravosa e impagable deuda para los chihuahuenses y, que sin mayor dilación y por estar en nuestro interés concreto e inmediato, nos informen con objetividad y certidumbre el estado de la deuda pública de Chihuahua, el monto que reporta a este momento, el costo de su servicio y lo que significa todo esto en el futuro de esta parte de la república en la que nos ha tocado vivir, para lo cual a riesgo de equivocarme, ya ni siquiera en estos días hemos visto publicada la página financiera mensual del gobierno.

 Agradezco su atención. Presento este escrito en su oficialía de partes; espero su respuesta como corresponde al debido ejercicio al derecho de petición y lo entero que le daré carácter de carta abierta al documento, porque definitivamente no entiendo este problema como algo que obedece simple y llanamente a un afán personalísimo de conocimiento.

 El asunto palpita en la sociedad y tiene el carácter de exigencia para la misma, aunque pocos se atrevan a tocar el punto por el bozal de oro que el propio gobierno mantiene sobre los medios de comunicación.

  Atentamente

    Jaime García Chávez